La crisis se ha llevado por delante todos los planteamientos neoliberales y también algunas motos que la socialdemocracia compró, como la ortodoxia del deficit cero. Se impone nuevamente una política keynesiana para salir de la crisis, con una fuerte inversión del Estado en infraestructuras. El presidente Zapatero ha anunciado un gasto de 8000 millones de euros para inyectar dinero mediante la contratación de obra pública. La diferencia con otras épocas, e incluso con otros países de nuestro entorno, es que serán los ayuntamientos quienes se encarguen de establecer las prioridades, redactar los proyectos y contratar.

Resulta que la administración local, permanentemente acusada de derrochar dinero público, de ser pedigueños o de financiarse con el ladrillo es ahora la única administración que puede ser capaz de elaborar proyectos a contra reloj y contratar las obras antes de abril.

Durante muchos años los ayuntamientos han sido tratados como una administración de segunda y no como una parte mas del Estado. En la época de los gobiernos de José María Aznar se impuso la teoría del “yo invito y tu pagas” o lo que es lo mismo, el gobierno central legislando eliminar impuestos que correspondían a la administración local, como el IAE, sin negociación alguna con el muncipalismo.

Ahora comienza una oportunidad para demostrar que los ayuntamientos españoles están a la altura de las expectativas que el gobierno central ha depositado en ellos como administración más cercana y más ágil. De esta crisis podemos salir con un sistema económico más justo y con unos ayuntamientos a los que por fin se les reconozca la mayoría de edad.